Los cambios institucionales y jurídicos de El Salvador
Al acercarse el fin de siglo,
casi todos los grupos sociales influyentes (hacendados, agricultores, campesinos,
artesanos, profesionales y comerciantes) estaban más o menos de acuerdo en que
el progreso del país era sinónimo de progreso de la economía de exportación,
esto es, buscaron crear las condiciones adecuadas para asegurar el aumento de
la participación salvadoreña en los mercados internacionales y de la producción
para el mercado interno. En este sentido, el liberalismo económico predominó
como la forma de entender y promover el progreso económico. En la práctica, el
Estado actuó para promover la expansión agrícola por diferentes medios. Como
ocurre con las políticas económicas, el Estado buscó beneficiar a toda la
nación; pero algunos grupos sociales se beneficiaron más que otros de estas
políticas de liberalismo económico.
Una de las maneras en que el
Estado intervino inicialmente en el fomento de la agricultura comercial fue
reformando las leyes que tenían que ver con la tenencia de la tierra y con la
agricultura en general. Debe recordarse que El Salvador pasó a la vida independiente
con unas leyes de tenencia y ocupación de suelos que se habían heredado de
tiempos de la Colonia. Esta tradición legal buscaba conciliar los intereses de
hacendados y grandes productores con los de las comunidades campesinas
indígenas y ladinas. Por eso, en la Colonia cada pueblo, ya fuera denominado
oficialmente indígena o ladino, recibía alrededor de 40 caballerías de terreno
en forma de ejidos. Después de la Independencia, el Gobierno salvadoreño siguió
protegiendo el derecho de los pueblos a poseer ejidos y, eventualmente, les
garantizó el control sobre sus propias tierras, llamadas legalmente desde 1867
“comunidades”, cada una con su propia personería jurídica.
Tienda de productos importados.
Tomado de: Catálogo de fotografías históricas de El Salvador. Fotocopia en
propiedad del Museo Nacional de Antropología Dr. David J. Guzmán.
Entre las políticas económicas
que impulsó el Estado salvadoreño, se puede mencionar la reducción de los
impuestos a la exportación, para que los productores nacionales de café, añil y
otros productos no tuvieran que pagar un impuesto mayor para enviar sus
productos fuera del país. Más bien, el Estado se preocupó por cobrar impuestos
a los artículos que se importaban al país. Otra medida importante fue el
establecimiento de registros de la propiedad y otros registros de transacciones
económicas para que el Gobierno pudiera regularizar las compras y las ventas de
los productores agrícolas y a los comerciantes de todo el país.
Las medidas más importantes que
se dictaron estaban encaminadas a liberar la propiedad de la tierra,
especialmente de la más fértil, para el mercado de compra-venta. Esto significó
que el Gobierno buscó supervisar las deudas e hipotecas. También, implicó que
el Gobierno privatizara (es decir, colocar en manos de propietarios
individuales) las tierras que hasta casi el fin de siglo estaban en manos de
comunidades indígenas, ladinas y de las municipalidades. Además, el Estado
vendió a especuladores y productores de todo tipo gran cantidad de otras
tierras que eran consideradas propiedad nacional.
Además de los terrenos que
municipios y comunidades controlaban desde la Colonia, muchas nuevas tierras
fueron incorporadas como ejidos (bajo control municipal) o comunales (bajo
control comunitario, pero de uso privado) desde la Independencia hasta la
década de 1870. Cuando se fundaba una población nueva, los gobernantes casi
siempre le proporcionaban ejidos. En otras ocasiones, grupos de indios o
campesinos ladinos compraban haciendas u otros terrenos. Para la década de
1870, junto a las haciendas y las nuevas fincas cafetaleras, había docenas de
municipios y comunidades que controlaban cientos de caballerías de tierras.
Dentro de estas comunidades y municipalidades, el uso
de la tierra se regía mediante una combinación de disposiciones legales
nacionales y las prácticas y tradiciones locales. No siempre se distribuía el
uso de la tierra de una manera justa o igualitaria. En los ejidos, los
arrendatarios campesinos debían pagar un impuesto (o canon) a la municipalidad
por utilizar la tierra. No siempre se pagaba este canon, pues en muchos lugares
los habitantes consideraban la tierra como propia. En otros lugares, los
individuos con mayor poder dentro de los pueblos trataban de acaparar las mejores
tierras o participaban en negocios corruptos con especuladores.
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