El proceso de fortalecimiento del Estado

Los estados modernos han representado un poder centralizado, cuya manifestación se ha visualizado en un conjunto de instituciones independientes de la sociedad, por las que se construye una dominación sobre la misma sociedad. Dicha dominación ha sido de diversa índole: judicial, económica, política, militar e ideológica. Quizá la forma más conocida del Estado ha sido el Gobierno, o los denominados tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Desde la Constitución de 1824, las autoridades del país establecieron esa división de poderes centrales (con uno más, el Representativo). Por supuesto, la lenta construcción de un poder centralizado no fue posible por sí mismo, sino gracias a la cooperación de diversas corporaciones (milicias, cuerpos de seguridad, municipalidades) y a una incipiente burocracia que apenas se formaba en los centros urbanos o rurales (gobernadores, jueces, letrados).

                                                        Constitución Salvadoreña de 1824

La formación del Estado salvadoreño fue, como dijimos  un proceso lento y no exento de dificultades o complicaciones. El Estado salvadoreño adquirió aún más fortaleza y estabilidad a partir de 1880 aproxi­madamente, a pesar de las injerencias políticas de los gobernantes guatemaltecos. Fue entonces cuando el aparato estatal empezó a tener una presencia efectiva en el territorio nacional o al menos en la región de mayor crecimiento económico: la región cafetalera de Occidente. Por ejemplo, las nuevas leyes de la década de 1880 otorgaron al Estado la responsabilidad de hacer cumplir las nuevas normas legales que sentaron las bases para la economía agraria moderna. Estas incluyeron la privatización de las tierras comunales y garantías del cumplimiento de los contratos, especialmente aquellos entre peones y hacendados.

Sin embargo, una de las características fundamentales del Estado moderno fue su aconfesionalidad, es decir, la separación de sus funciones de la esfera religiosa. A este proceso se le conoce como separación Iglesia-Estado.

De ahí que una de las corporaciones decisivas en la formación del Estado salvadoreño fue la Iglesia Católica. Su papel fue ambiguo. Por una parte, fue una aliada ideológica del Estado, pues defendió y legitimó el poder político desde argumentos religiosos  Pero, por otra parte, su dominio en ciertos ámbitos, como la enseñanza primaria, la educación universitaria, la administración de cementerios, el matrimonio religioso o la censura eclesiástica, se convirtió en obstáculo para la construcción de un poder civil. No en vano hacia 1870, inició el proceso por el cual muchas de estas atribuciones de la Iglesia comenzaron a ser recortadas. Por ejemplo, se dictaron leyes que reglamentaron una enseñanza laica o secular en las escuelas; la administración de los cementerios pasó de manos de los párrocos a las municipalidades y en las constituciones se incorporaron artículos que minaron el monopolio psicológico que ejercía el catolicismo como, por ejemplo, cuando se declaró la libertad de culto.

Con todo ello, las autoridades civiles mostraron que no era posible obedecer a dos señores: al papado y al Estado.

Comunidades indígenas y ladinas formalmente reconocidas por el Gobierno de El Salvador alrededor de 1880

Departamento	Pueblos	Departamento	Pueblos
Ahuachapán	Ataco Atiquizaya Ahuachapán Tacuba	San Miguel	San Miguel
Cabañas	Ilobasco	San Salvador	Tonacate­peque Mejicanos
Chalatenango	Chalatenango La Palma/San Ignacio San Miguel de Mercedes Las Vueltas Arcatao Dulce Nombre de María Tejutla El Paraíso	San Vicente	Laguna de Santa Clara Tablón de Santo Domingo
Cuscatlán	San Pedro Perulapán	Santa Ana	Común de Ladinos Volcán La Laguna Común de Ladinos Chalchuapa Coatepeque
La Libertad	San Matías Quezaltepeque Opico Pueblos de la Costa del Bálsamo	Sonsonate	Dolores Izalco Asunción Izalco Armenia Nahuizalco Juayúa
La Paz	Santiago Nonualco San Juan Talpa	Usulután	Santa Elena Común de Ladinos de Jucuapa Mercedes Umaña
Morazán	Cacaopera Chilanga Guatajiagua	—	—

El proceso de fortalecimiento del Estado en El Salvador

Los estados modernos han representado un poder centralizado, cuya manifestación se ha visualizado en un conjunto de instituciones independientes de la sociedad, por las que se construye una dominación sobre la misma sociedad. Dicha dominación ha sido de diversa índole: judicial, económica, política, militar e ideológica. Quizá la forma más conocida del Estado ha sido el Gobierno, o los denominados tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Desde la Constitución de 1824, las autoridades del país establecieron esa división de poderes centrales (con uno más, el Representativo). Por supuesto, la lenta construcción de un poder centralizado no fue posible por sí mismo, sino gracias a la cooperación de diversas corporaciones (milicias, cuerpos de seguridad, municipalidades) y a una incipiente burocracia que apenas se formaba en los centros urbanos o rurales (gobernadores, jueces, letrados).

La formación del Estado salvadoreño fue, como dijimos, un proceso lento y no exento de dificultades o complicaciones. El Estado salvadoreño adquirió aún más fortaleza y estabilidad a partir de 1880 aproximadamente, a pesar de las injerencias políticas de los gobernantes guatemaltecos. Fue entonces cuando el aparato estatal empezó a tener una presencia efectiva en el territorio nacional o al menos en la región de mayor crecimiento económico: la región cafetalera de Occidente. Por ejemplo, las nuevas leyes de la década de 1880 otorgaron al Estado la responsabilidad de hacer cumplir las nuevas normas legales que sentaron las bases para la economía agraria moderna. Estas incluyeron la privatización de las tierras comunales y garantías del cumplimiento de los contratos, especialmente aquellos entre peones y hacendados.

Sin embargo, una de las características fundamentales del Estado moderno fue su a confesionalidad, es decir, la separación de sus funciones de la esfera religiosa. A este proceso se le conoce como separación Iglesia-Estado.

De ahí que una de las corporaciones decisivas en la formación del Estado salvadoreño fue la Iglesia Católica. Su papel fue ambiguo. Por una parte, fue una aliada ideológica del Estado, pues defendió y legitimó el poder político desde argumentos religiosos. Pero, por otra parte, su dominio en ciertos ámbitos, como la enseñanza primaria, la educación universitaria, la administración de cementerios, el matrimonio religioso o la censura eclesiástica, se convirtió en obstáculo para la construcción de un poder civil. No en vano hacia 1870, inició el pro-ceso por el cual muchas de estas atribuciones de la Iglesia comenzaron a ser recortadas. Por ejemplo, se dictaron leyes que reglamentaron una enseñanza laica o secular en las escuelas; la administración de los cementerios pasó de manos de los párrocos a las municipalidades y en las constituciones se incorporaron artículos que minaron el monopolio psicológico que ejercía el catolicismo como, por ejemplo, cuando se declaró la libertad de culto.

Con todo ello, las autoridades civiles mostraron que no era posible obedecer a dos señores: al papado y al Estado.

Los cambios institucionales y jurídicos de El Salvador

Al acercarse el fin de siglo, casi todos los grupos sociales influyentes (hacendados, agricultores, campesinos, artesanos, profesionales y comerciantes) estaban más o menos de acuerdo en que el progreso del país era sinónimo de progreso de la economía de exportación, esto es, buscaron crear las condiciones adecuadas para asegurar el aumento de la participación salvadoreña en los mercados internacionales y de la producción para el mercado interno. En este sentido, el liberalismo económico predominó como la forma de entender y promover el progreso económico. En la práctica, el Estado actuó para promover la expansión agrícola por diferentes medios. Como ocurre con las políticas económicas, el Estado buscó beneficiar a toda la nación; pero algunos grupos sociales se beneficiaron más que otros de estas políticas de liberalismo económico.

Una de las maneras en que el Estado intervino inicialmente en el fomento de la agricultura comercial fue reformando las leyes que tenían que ver con la tenencia de la tierra y con la agricultura en general. Debe recordarse que El Salvador pasó a la vida independiente con unas leyes de tenencia y ocupación de suelos que se habían heredado de tiempos de la Colonia. Esta tradición legal buscaba conciliar los intereses de hacendados y grandes productores con los de las comunidades campesinas indígenas y ladinas. Por eso, en la Colonia cada pueblo, ya fuera denominado oficialmente indígena o ladino, recibía alrededor de 40 caballerías de terreno en forma de ejidos. Después de la Independencia, el Gobierno salvadoreño siguió protegiendo el derecho de los pueblos a poseer ejidos y, eventualmente, les garantizó el control sobre sus propias tierras, llamadas legalmente desde 1867 “comunidades”, cada una con su propia personería jurídica.

Tienda de productos importados. Tomado de: Catálogo de fotografías históricas de El Salvador. Fotocopia en propiedad del Museo Nacional de Antropología Dr. David J. Guzmán.

Entre las políticas económicas que impulsó el Estado salvadoreño, se puede mencionar la reducción de los impuestos a la exportación, para que los productores nacionales de café, añil y otros productos no tuvieran que pagar un impuesto mayor para enviar sus productos fuera del país. Más bien, el Estado se preocupó por cobrar impuestos a los artículos que se importaban al país. Otra medida importante fue el establecimiento de registros de la propiedad y otros registros de transacciones económicas para que el Gobierno pudiera regularizar las compras y las ventas de los productores agrícolas y a los comerciantes de todo el país.

Las medidas más importantes que se dictaron estaban encaminadas a liberar la propiedad de la tierra, especialmente de la más fértil, para el mercado de compra-venta. Esto significó que el Gobierno buscó supervisar las deudas e hipotecas. También, implicó que el Gobierno privatizara (es decir, colocar en manos de propietarios individuales) las tierras que hasta casi el fin de siglo estaban en manos de comunidades indígenas, ladinas y de las municipalidades. Además, el Estado vendió a especuladores y productores de todo tipo gran cantidad de otras tierras que eran consideradas propiedad nacional.

Además de los terrenos que municipios y comunidades controlaban desde la Colonia, muchas nuevas tierras fueron incorporadas como ejidos (bajo control municipal) o comunales (bajo control comunitario, pero de uso privado) desde la Independencia hasta la década de 1870. Cuando se fundaba una población nueva, los gobernantes casi siempre le proporcionaban ejidos. En otras ocasiones, grupos de indios o campesinos ladinos compraban haciendas u otros terrenos. Para la década de 1870, junto a las haciendas y las nuevas fincas cafetaleras, había docenas de municipios y comunidades que controlaban cientos de caballerías de tierras.

Dentro de estas comunidades y municipalidades, el uso de la tierra se regía mediante una combinación de disposiciones legales nacionales y las prácticas y tradiciones locales. No siempre se distribuía el uso de la tierra de una manera justa o igualitaria. En los ejidos, los arrendatarios campesinos debían pagar un impuesto (o canon) a la municipalidad por utilizar la tierra. No siempre se pagaba este canon, pues en muchos lugares los habitantes consideraban la tierra como propia. En otros lugares, los individuos con mayor poder dentro de los pueblos trataban de acaparar las mejores tierras o participaban en negocios corruptos con especuladores.